Las leyes contra el terrorismo en EUA: Pena capital, sin juicio, ni defensa
Un artículo de opinión
En junio pasado el Departamento del Tesoro anunció acciones en contra de tres bancos mexicanos: CIBanco, Intercam y Vector. Esta no es la primera vez que el gobierno de EUA actúa en contra de instituciones financieras extranjeras, por la “preocupación” de cooperar con organizaciones terroristas.
En febrero del 2011, la red del Tesoro para investigar delitos financieros (FinCEN) emitió una notificación donde se anunciaba la posible desconexión del Lebanese Canadian Bank SAL del sistema financiero estadounidense. La acción del FINCEN estaba basada en la sección 311 del Patriot Act.
En términos muy similares a los expresados en la advertencia a los bancos mexicanos, FinCEN determinó que la entidad libanesa y sus subsidiarias representaban una “preocupación principal” de lavado de dinero, por sus servicios a una red internacional de tráfico de estupefacientes asociada al grupo terrorista Hezbolá. [1]
Siete meses después del anuncio del FINCEN en EUA, las autoridades financieras y el Banco Central del Líbano revocaron la licencia de operación del LCB, en septiembre de 2011. Los antiguos accionistas de LCB vendieron sus activos y pasivos a la Societé Generale de Banque au Liban SAL (SGBL)[2]. Como el LCB había dejado de existir, el Departamento del Tesoro decidió retractarse de su acusación, pero no dejó de insistir en los elementos de responsabilidad de lavado de dinero a una organización terrorista. El acusado falleció antes de la ejecución de la sentencia.
Sin embargo, la acción emprendida por FinCen fue solo la punta del iceberg del problema que enfrentaba Lebanese Canadian Bank SAL. En diciembre del 2011, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil, en la que se solicitó el decomiso de propiedades y la imposición de sanciones por alrededor de $230 millones, por señalamientos derivados de la orden FinCen[3]. El caso terminó en un acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y el nuevo dueño del banco que implico $102 millones de dólares en decomisos y 12 millones adicionales en sanciones.[4]
Además, se iniciaron procesos penales en contra de Ayman Joumaa,[5] uno de los principales clientes del banco [6] y quien fue identificado como principal responsable de los vínculos con Hezbolá.
Con estos antecedentes no es casualidad que el 25 de junio de 2025 se encendieran las alertas en todo el sistema financiero mexicano. En el caso del LCB, el FINCEN solo hizo una propuesta de sanción, mientras que la situación de las instituciones mexicanas resultó aún más grave ya que el castigo quedó establecido hasta con fecha de inicio. La agonía de esta sentencia fue prolongada por dos subsecuentes prorrogas de 45 días adicionales que vencen el 20 de octubre de 2025.[7]
Esta fue la primera acción del Departamento del Tesoro en la aplicación de la FEND Off Fentanyl Act de 2024, que permite aplicar sanciones en los mismos términos del USA Patriot Act. Emitida en 2001, Patriot Act establece medidas de gran calado para poder sancionar a individuos o entidades que proporcionen apoyo o colaboración con organizaciones terroristas. Esto cobra una dimensión especial para el caso de la relación bilateral México-Estados Unidos. La reciente designación de 6 carteles mexicanos como organizaciones terroristas abre la posibilidad de implementar una serie de leyes u acciones muy severas para combatir de manera más agresiva a estas organizaciones, así como a cualquiera que proporcione colaboración o apoyo.
Notificar a una institución financiera la imposibilidad de poder hacer transacciones con instituciones financieras norteamericanas es una sentencia de muerte. Los bancos norteamericanos no solamente funcionan para la recepción o emisión de recursos que van destinados a ese país, sino que en muchos casos operan como entidades de transferencia para las transacciones en dólares, e incluso como un puerto de llegada y de salida para recursos que tienen como destino final al resto del mundo. Por otro lado, el impacto reputacional para entidades que basan sus servicios en una relación de confianza y credibilidad, el daño es prácticamente irreparable.
Es además no solo una sentencia de muerte, sino que una sentencia de muerte sin juicio. CIBanco intentó demandar el Departamento del Tesoro en una Corte de Distrito en Washington D.C.[8] pero se desistió de la acción judicial apenas 48 horas después. En los hechos existen pocos precedentes que indiquen la posibilidad de controvertir y revertir legalmente esta determinación administrativa. Si se hubiera seguido un proceso civil o penal, con todas las reglas de debido proceso y estándar de prueba, habría mecanismos de defensa, e incluso un escenario improbable pero no imposible, donde la parte acusadora, el Departamento del Tesoro, perdería el juicio. Sin embargo, por la manera que está redactada la ley norteamericana, en la acusación va incluida la sentencia. El Departamento del Tesoro es juez y ministerio público.
En caso del Lebanese Canadian Bank SAL, las sanciones y acciones FinCEN fueron solo el inicio de una serie de acciones civiles y penales en contra de empresas e individuos relacionados a las operaciones de lavado.
Las sanciones del Departamento del Tesoro en contra de 13 empresas de turismo y bienes raíces en Puerto Vallarta, demuestran que la agenda de persecución de EUA en contra del crimen organizado rebasa por mucho el ámbito del narcotráfico. La investigación del FBI sostiene que supuestos abogados o coyotes exigían pagos a ciudadanos estadounidenses por trámites o impuestos, asociados a la propiedad de tiempos compartidos en ese destino turístico. El fraude se realizaba por medio de call centers que eran administrados por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La operación criminal generó casi 300 millones de dólares en 5 años y tuvo cerca de 6 mil víctimas, en su mayoría personas retiradas y adultos mayores.
Ante estas circunstancias, empresas en distintos sectores de la economía necesitan fortalecer mecanismos de identificación y más información sobre socios y proveedores. La construcción de confianza y los mecanismos para construirla, deberán ser un activo fundamental de empresas que hagan negocios con Estados Unidos, bajo este nuevo orden geopolítico.
[1]Treasury Identifies Lebanese Canadian Bank Sal as a “Primary Money Laundering Concern” https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg1057
[2] Ibidem
[3] https://www.justice.gov/sites/default/files/usao-sdny/legacy/2015/03/25/U.S.%20v.%20Lebanese%20Canadian%20Bank%20Settlement%20Order.pdf
[4] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-102-million-settlement-civil-forfeiture-and-money
[5] https://www.justice.gov/archive/usao/vae/news/2011/12/20111213joumaanr.html
[6] https://www.justice.gov/sites/default/files/usao-sdny/legacy/2015/03/25/U.S.%20v.%20Lebanese%20Canadian%20Bank%2C%20et%20al.%20Amended%20Complaint.pdf
[7] https://www.fincen.gov/news/news-releases/treasury-extends-effective-dates-orders-issued-under-new-authority-counter-0
[8] Case 1:25-cv-02705-TNM Document.